Las empresas miembro de la entidad, sostienen además que de promulgarse la ordenanza, traerá aparejada una “judicialización” de la medida por tratarse de “una norma que va en contra de derechos constitucionales y de una violación de derechos adquiridos”. Al mismo tiempo advierten que este tipo de restricciones “no hacen más que ahuyentar las inversiones que ven en Pinamar un destino turístico con perfil internacional”.

La Cámara que nuclea a empresas del sector inmobiliario de todo el país y también de la ciudad hizo público su rechazo a la medida a la que consideró “ilegal y violatoria de garantías y derechos constitucionales”, a la vez que en los hechos “significa una pérdida de fuentes laborales para la ciudad”.

La CAMESI lamentó que las autoridades hagan lugar a “intereses mezquinos” y advirtió que “un núcleo muy importante de desarrolladoras nacionales e internacionales que ven a Pinamar como lugar atractivo para sus inversiones, optarán por tomar por otros caminos” menos restrictivos y “acordes a las necesidades de un mercado inmobiliario dinámico, adaptado a los desafíos que el uso de herramientas tecnológicas, plataformas digitales y recursos audiovisuales propios de estos tiempos imponen”.

Desde la entidad empresarial señalan que “ninguna norma de carácter municipal puede estar por encima de las leyes provinciales y nacionales”, con lo cual, en caso de ser promulgada la ordenanza, se va a suscitar una “serie de presentaciones judiciales” de quienes se ven afectados en el ejercicio de su profesión y actividad.

“Es hora de que Pinamar deje de mirarse al ombligo y se proyecte como destino turístico internacional, que potencie y proyecte hacia el mundo sus atractivos y bellezas naturales, atrayendo capitales que trasciendan sus fronteras y no limitarse a la visión de un grupo reducido de personas que condiciona el desarrollo de la ciudad persiguiendo sus propios intereses”, puntualizaron.

Finalmente, desde CAMESI, llamaron a las autoridades a “rever la decisión” y señalaron que “este tipo de normas, no solo significan un obstáculo para el crecimiento y la profesionalización constante de la actividad inmobiliaria en Pinamar, sino que atentan contra el desarrollo de la propia comunidad”.