Según consta en la investigación judicial, entre el 24 de enero y el 4 de febrero se registraron 11 videos en los que se observa a Watson retirando fajos de dinero de las oficinas municipales y guardándolos en su cartera durante su horario laboral. Las imágenes —que rápidamente se viralizaron— aceleraron la identificación de la acusada: 59 años, más de tres décadas de servicio en la comuna y con antecedentes de sanciones administrativas en su legajo.

La causa no solo se centra en los registros audiovisuales. La fiscalía detalló un conjunto de irregularidades contables que reforzarían la sospecha de maniobras fraudulentas: diferencias de caja injustificadas, ingresos registrados dos veces, movimientos adulterados y un uso irregular de la cuenta denominada “Ingresos Pendientes”, que habría funcionado como un espacio opaco para manipular fondos sin control efectivo.
A pesar de la cantidad de material reunido, la justicia aún intenta establecer el alcance económico del presunto desfalco y desde cuándo se habría sostenido el esquema. Lo único confirmado por fuentes del caso es que las cifras involucradas son millonarias.

La defensa de Watson, en tanto, presentó una versión que llamó la atención por su carácter inverosímil: afirmó que el dinero que se la ve retirar sería de su propiedad y que, debido a la inseguridad en la ciudad, optaba por llevar consigo sumas que para cualquier vecino resultarían extraordinarias.

Desde el Ejecutivo local, en lugar de profundizar en las responsabilidades políticas, apuntaron contra la fiscalía y la Policía Federal por no detener a la funcionaria al momento de abandonar el edificio municipal.