La concejal Marcela Uhrig dio detalles de lo actuado a raíz de un pedido de informes cursado al Ejecutivo local con el ánimo de que se brinden las explicaciones del caso con relación a locales de comercio que funcionaron sin habilitación durante la temporada pasada.

“Nosotros hace dos o tres semanas elevamos una nota convocando al área de Fiscalización. El miércoles pasado se hizo presente Pablo Bertozzi (quien es el director) y Sebastián Manrique (subsecretario de Inspección General); había varios temas para tratar. Aquellos que nos llegaron a través de los vecinos que presentaron notas y cuestiones que quedaron pendientes que ya habíamos observado los concejales durante el verano por la falta de fiscalización o por lo menos nos llamó la atención que había lugares sin habilitación y cuando se les planteó en el momento del hecho, recién ahí a fin de temporada se acercaron, cuando estuvieron toda la temporada trabajando”, describió.

El planteo fue realizado en conjunto con Propin, ya que la constatación de parte de las irregularidades la realizaron concejales de los dos bloques.

“El día que fuimos a Cariló había algunos chiringos que vendían bebidas y comidas; otros, bebidas alcohólicas sin ningún permiso. Eso fue a fines de febrero y después se pasó al cierre de este chiringo. Uno estaba en la bajada del hotel Marcin, donde hay una bajada de madera, y otro estaba en la bajada del hotel Puerto Pirata, que ahora está abandonado y que es un hotel que, tenemos entendido, pertenece a la familia de Sebastián Manrique… Hicimos preguntas sobre por qué no se vieron durante el verano esos dos negocios en la playa de Cariló y la respuesta no fue muy satisfactoria, trajeron toda la documentación de las actas que se labraron, se habló que hay pocos inspectores, que es un área muy grande para fiscalizar. La multa es una de las formas de recaudación que tiene el Municipio. Si yo pongo una regla y la gente no la cumple y no cobro multas tampoco, entonces ¿para qué están las reglas?”, se preguntó Uhrig.

Otra de las zonas en conflicto, es Pinamar Norte, la tierra donde los foodtrucks trabajaron durante todo el verano bajo una cantidad de cuestionamientos realizados principalmente por el sector gastronómico.

“El problema también lo vimos en el norte de Pinamar, donde se establecieron varios foodtrucks. Hubo muchas cuestiones de fiscalización que también tuvieron que ver con venta de bebidas alcohólicas, menores en boliches, ruidos molestos; hubo un montón de reclamos de gente que vive cerca de donde hay actividad nocturna. El área de Fiscalización también tiene que ver con los vendedores ambulantes, con la gente que vende en la playa los churros, los pareos, los chipá, choclo, etc. Hicimos varias preguntas porque teníamos reclamos de los vendedores ambulantes, que algunos tenían permisos y veían que había muchos más vendedores que permisos, o sea que había gente que estaba ejerciendo la actividad y no había ningún tipo de fiscalización, incluso que podían hacer la actividad sin permiso y que la fiscalización los veía, los reconocía y no los sancionaba”, detalló.

A los legisladores les cabe fijar una posición al respecto, pero al parecer no hay cuestiones perentorias que obliguen a tener un manejo más expeditivo. En base a la experiencia, se puede decir que, en mayor o menor medida, los mismos hechos se repiten y, con el desborde de temporada, todo vale.

“Nuestra herramienta es armar una comunicación o resolución, marcar la postura con respecto a lo que pasó en el área de Fiscalización en la temporada pasada y sigue sucediendo para que eso sea un punto a mejorar en la gestión. Si realmente hay pocos inspectores y hay que reforzar esa área, vamos a buscar la manera para que se pueda hacer, porque si no la sensación es que no pasa nada, que todo da igual o que hay alguien que se está beneficiando en medio de todo este caos”, agregó.

La ordenanza de venta ambulante fija que la playa tiene que estar dividida en diez sectores y que deben establecerse puestos de abastecimiento de bebidas para que esté más organizada su provisión. La disposición no se llevó a la práctica. El pasado verano esto no estuvo y el reclamo de los vendedores de gaseosas y de agua saborizada es que no se habían instalado los puestos de abastecimiento.

“Si es necesario reformular la ordenanza se tiene que hacer, pero las cosas tienen que funcionar. Lo que sospechamos es que por ahí no quieren que funcione porque si el proyecto es eliminar la venta que sea un caos, como está hoy, puede llevar a que la decisión sea: se prohíbe la venta ambulante en el Partido de Pinamar, algo con lo que no estamos de acuerdo, más en la situación actual”, concluyó.