Acusaciones, amenazas y denuncias en el tratamiento del servicio de recolección

Por la mayoría oficialista se aprobó el nuevo pliego del servicio de recolección en una sesión maratónica. La empresa adjudicada continuaría por seis años.

Durante el tratamiento del nuevo pliego de bases y condiciones para contratar el servicio de recolección de residuos, concejales, dirigentes y gremialistas protagonizaron fuertes cruces en el Concejo Deliberante: acusaciones entre Juntos y el Frente de Todos, denuncias por aprietes y amenazas de muerte, y una advertencia sobre la ilegalidad del pliego, que finalmente fue aprobado por la mayoría oficialista.

Como adelantó Pionero , el nuevo pliego fue elaborado por la gestión del intendente Martin Yeza y girado al Concejo Deliberante, que lo trató el último viernes en una sesión maratónica. El contrato con la empresa adjudicada -que tendrá un aumento entre el 120 y el 160%- se extenderá por seis años con posibilidad de extenderlo por dos años más.

Aunque desde la empresa Santa Elena afirmaron que el aumento presupuestario corresponde a una ampliación del personal y mejoras en el servicio, los números están muy por encima del índice de inflación, del aumento de tasas y de las paritarias municipales: desde 2015 (inicio de la Gestión Yeza) el contrato para la recolección alcanzó un aumento acumulado del 2.000%

Durante la última sesión, incluso, ediles insistieron en que la confección del nuevo pliego responde a una promesa de campaña que les había hecho Martín Yeza a camioneros y trabajadores, dado que el intendente les aseguraría días antes de las elecciones generales la continuidad de la empresa privada por siete años más.

En concordancia, los representantes del gremio de camioneros presenciaron y participaron del tratamiento del documento. Y, con el antecedente fresco de la confrontación entre el Partido Justicialista (PJ) y el gremio por las versiones sobre una posible municipalización del servicio en Pinamar, el concejal Gregorio Estanga volvió a denunciar amenazas de muerte en pleno recinto.

“Repudio los cantos de amenaza de muerte a mi persona en un debate en el HCD y los aprietes y agresiones dentro del recinto direccionados por el señor (Damián) Coma, basadas en mentiras por promesas de campañas del intendente Martín Yeza”, escribió el legislador posteriormente en sus redes sociales.

Pese a que Estanga remarcó el hecho a la presidente del Concejo Deliberante, Analía Figueroa, no obtuvo respuestas y los dirigentes camioneros permanecieron en el recinto hasta el final del debate, que continuó plagado de chicanas y acusaciones entre el Frente de Todos y Juntos por garantía de las fuentes de trabajos de los empleados.

El tratamiento del nuevo pliego se extendió por más de seis horas y, a pesar de los intentos de modificaciones de los opositores, finalmente resultó aprobado por la mayoría de los concejales afines a la gestión de gobierno actual: ocho votos positivos del oficialismo contra cinco rechazos del Frente de Todos.

Un pliego sin participación ciudadana

El concejal mandato cumplido Carlos Conti pidió retirar el tratamiento del pliego afectado a contratar el servicio de recolección de residuos, tras considerarlo de “nulidad absoluta” por recaer en el incumplimiento de la ordenanza de Audiencia Pública, en la que se establece la participación ciudadana obligatoria para las concesiones.

En la misma nota, Conti destacaba la importancia de la participación del pinamarense en la confección del pliego y proponía iniciar el proceso de Audiencia Pública, dado que se trata de “un servicio público que satisface necesidades colectivas”.

Sin embargo, la nota fue desestimada en el comienzo de la sesión. Al cabo, el nuevo pliego de bases y condiciones resultó aprobado, por lo que la empresa Santa Elena continuará a cargo de servicio de recolección en Pinamar por seis años más.