El juez que investiga aseguró “tener por acreditada la existencia del delito” de ambos acusados, y se les trabó un embargo por una suma de 12.000.000 de pesos.
En el marco de la causa que investiga la estafa de las tarjetas Alimentar, el Juzgado Federal de Dolores avanzó con el “procesamiento sin prisión preventiva” a los dos funcionarios del municipio implicados. Se trata de Javier Tumas, secretario de Desarrollo Social, y Nora Ponce, quien estaba a cargo de los plásticos, a quienes se les trabó un embargo por una suma de 12.000.000 de pesos.
Según publicó el diario Compromiso de Dolores, el juez subrogante Martín Bava consideró a Tumas y Ponce como prima facie* autores y/o partícipes necesarios de diversos delitos. Mediante una resolución, procesó a los funcionarios “por acción o por una severa negligencia, imprudencia u omisión consiente”, lo que posibilitó la maniobra fraudulenta del resto de los imputados de la causa.
En la causa se investiga -según el fallo- a una organización de personas que, “de modo coordinado, permanente, con roles y funciones diferenciadas se dedicó a cometer delitos, particularmente en perjuicio de la Administración Pública Nacional y de personas vulnerables beneficiarias de fondos públicos asistenciales que el Estado Nacional destinaba para comprar alimentos”.
Según la resolución, el secretario de Desarrollo Social y Deportes “omitió realizar los deberes propios de su cargo y omitió controlar adecuadamente a quien estaba bajo su órbita jerárquica, Nora Ponce, quien era la encargada de la ejecución, implementación y entrega de los plásticos” del programa Tarjetas Alimentar.
Por su parte, señaló que la ex-directora de Gestión y Control Territorial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, “omitió custodiar deliberadamente las Tarjetas Alimentar, que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas sustrajeran los fondos del mencionado Plan, cuya administración y custodia tenía por la función que desempeñaba”.
El procesamiento
El magistrado aseguró “tener por acreditada la existencia del delito” por el cual se acusa a Javier Tumas y Nora Ponce, por lo que procedió a dictar su procesamiento en la causa.
Para llegar a su conclusión, Brava reparó en el funcionamiento del Plan Alimentar, los convenios que se firmaron entre la Provincia y los municipios, las denuncias del Banco Provincia y de la Municipalidad de Pinamar, distintos testimonios, las pericias realizadas, y las tareas y responsabilidades de los dos imputados cuya situación se debía resolver.
Luego de un análisis pormenorizado del caso, el Juez Magistrado entendió que existía “configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de resguardo y custodia” sobre las tarjetas que tenía Ponce en su rol de funcionaria pública. También consideró “configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de control y vigilancia” de parte del Tumas, en su rol de funcionario público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes,
En el caso de Javier Tumas, Brava agregó que el funcionario de Yeza no efectuó “las verificaciones ni controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del programa Tarjeta Alimentar, como tampoco verificar si estaban debidamente resguardadas las tarjetas plásticas que Ponce tenía en custodia”.
Sobre las responsabilidades penales, el magistrado subrayó ninguno de los dos funcionarios acudieron a las vías jerárquicas para dar cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento. “Tumas denunció (la irregularidad) luego de más de tres meses de conocido el hecho, y solo a raíz de la exposición pública de un allanamiento, en tanto que Ponce recién lo hizo cuando el primero denunció la cuestión al Intendente”.
Es por esto que el Juez Federal subrogante Martín Bava resolvió dictar el “procesamiento sin prisión preventiva” de Nora Ponce y Javier Tumas, por considerarlos prima facie autores y/o partícipes necesarios de diversos delitos, disponiendo asimismo trabarles embargo sobre los bienes o dinero hasta cubrir la suma de 12.000.000 de pesos.
La maniobra y los implicados
En el allanamiento del jueves 18 de marzo, la Policía Federal detuvo a seis personas -dos de ellas empleadas municipales- y, desde entonces continúan a disposición de la justicia. Se los investiga por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, ya que habrían desviado a sus cuentas personales una suma total de $2.092.000 de tarjetas Alimentar que no fueron entregadas.
En un principio, estuvieron involucrados Andrea Ríos y Cecilia Pecarrere (empleadas municipales que tenían vínculo con las tarjetas), José “Pepe” Fons (pareja de Ríos), Fabián Rosas, Diego Borea y Nicolás Ambao. Sin embargo, Pecarrere fue liberada en los primeros días de abril, tras prestar declaración ante la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
En la causa se especifica que las tarjetas eran sustraídas de la dirección de Desarrollo Social por Ríos (Nora Ponce, ex directora del área encargada del resguardo, afirmó que Ríos tenía la llave de la oficina). Las mismas eran entregadas a Fons, quien a su vez se las confió a Ambao y Rosas, ya que mantenían vínculos personales y comerciales.
Tanto Ambao como Rosas era los encargados de simular las compras por las terminales posnets, debido a que las tarjetas no podían usarse para compras telefónicas o por internet. Rosas habría realizado más de 40 operaciones por un valor de $592.000 por medio de Naranja Pos.
Por su lado, Ambao también realizaba maniobras por medio de otra persona: Diego Borea. Ambos habrían efectuado operaciones comerciales por un valor de $1.500.000 por medio de la empresa Visa.
Al momento, se informó que fueron vaciadas al menos 55 tarjetas -que no fueron entregadas a sus destinatarios- entre el 1 al 9 de noviembre. La justicia continúa con la investigación de la causa que afectó a decenas de familias de bajos recursos de Pinamar.
*Prima facie es una locución latina en ablativo absoluto que significa ’A primera vista’