Dirigentes opositores se expresaron en contra del nuevo pliego de bases y condiciones con el que se busca renovar el contrato del servicio de recolección de residuos aprobado por la mayoría oficialista en la última sesión del Concejo Deliberante.

La aprobación del documento había generado un fuerte rechazo opositor por el aumento considerable del presupuesto que el Ejecutivo concedería a la empresa Santa Elena, y por el “incumplimiento de los procesos legales”, debido a que no se convocó a audiencia pública antes de aprobar la ordenanza.

Este viernes se presentó un nuevo proyecto con el que exigen la derogación de la norma aprobada dos semanas atrás. Allí remarcan la importancia de la audiencia pública para el desarrollo democrático del proceso, cuya implementación es obligatoria de acuerdo a una ordenanza sancionada en 2020.

“El Ejecutivo tomó nota de la gravedad del caso luego de que pidiera el veto por el incumplimiento del proceso. Si no se hubiera presentado la nota, hoy Pinamar estaría sin audiencia pública en un tema tan importante como lo es la recolección de basura”, dijo el concejal mandato cumplido, Carlos Conti, quien advirtió sobre la irregularidad del proceso.

Además, en el proyecto también señalan que el Ejecutivo dejaría de cobrar más de 10 millones de pesos por el costo del pliego, ya que según el Código Tributario debería ser entre 0,3 y 0.5 % del valor total del contrato, lo cual representa casi 13 millones de pesos, pero el municipio fijó ese número en menos de 3 millones.