Propin potenció su denuncia

El lunes pasado la tendencia vecinalista se presentó ante la fiscalía de Pinamar, donde realizó una declaración ampliatoria por los comercios abiertos sin habilitación durante la temporada pasada.

El concejal Daniel Bermúdez y la secretaria legislativa, Marcela Calegari, ambos de Propin, se refirieron a esta nueva instancia donde ratifican su preocupación por las irregularidades detectadas en la operatoria de Fiscalización durante el verano último. El director del área, Dr. Pablo A. Bertozzi, y el subsecretario de Inspecciones Generales, Sebastián Manrique, son los funcionarios a quienes Propin haría responsables.

“Estamos acercándonos a la Justicia las personas que hicimos la denuncia para ratificarla y por otro lado también para hacer ampliaciones de la misma. Es destacable nombrar que a raíz de esta denuncia hay vecinos que habían hecho reclamos en la Municipalidad y no fueron atendidos o les dieron respuestas que no coincidían con la realidad. Ellos se han contactado con nosotros y esos reclamos obviamente se van a presentar en la Justicia; algunos ya se hicieron, para que se adjunten a la causa y el fiscal pueda tener más elementos al momento de tomar una decisión. El fiscal ya nos citó en el día de ayer, así que creo que la causa viene avanzando y ojalá se pueda llegar a la verdad pronto”, señaló el concejal.

Dado que en el transcurso de esta semana el jefe de Gabinete dio su parecer sobre el tema y manifestó que estaba a disposición de la Justicia, Calegari destacó que Propin es opositor, pero que ejerce ese papel desde una oposición constructiva. “Lo que planteamos desde el partido es colaborar con el Ejecutivo y cuando vemos alguna irregularidad mencionárselo. Esto lo fueron a constatar los concejales en febrero y, previamente, lo que habían hecho fue ir y avisar a Fiscalización. O sea que a ellos se les dio la oportunidad para que actuaran en consecuencia. Después, cuando pedimos los expedientes y vimos todas las irregularidades, fue que los citamos y no nos satisficieron en nada las respuestas. Sumado a eso, encontramos más elementos probatorios, como fotos donde se veía a los funcionarios en asados, cenas y campañas políticas con las personas relacionadas y presuntamente implicadas en el tema. Las irregularidades tenemos que denunciarlas justamente para que al Ejecutivo (yo entiendo que no puede abarcar todo el intendente) se pueda marcarle cuál es el responsable y que tome cartas en el asunto, tratar de colaborar para que tenga una buena gestión”.

Aunque reticente a aceptar responsabilidades o a suspender en sus funciones a los funcionarios, el gobierno anunció por estos días el alejamiento de Sebastián Manrique de la gestión sin hacer mayores aclaraciones.

Al respecto, el concejal Bermúdez dice: “Puede ser y es rescatable si lo hizo de esta manera porque creo que cualquier funcionario que esté sospechado mínimamente de cualquier acto de corrupción tiene que dar un paso al costado y que la Justicia siga investigando, un poco para resguardar la figura de nuestro intendente, porque no vamos a desconocer que hay muchos funcionarios que le ponen el hombro, día a día, dentro de lo que es la función pública y realizan su tarea de manera impecable. Cualquier tipo de denuncia que quiera opacar el accionar del intendente en general y pone a todos dentro de la misma bolsa creo que no es justo. Acá se detectó esta posible irregularidad en este ámbito, en donde se estaban beneficiando intereses particulares por sobre los del Estado y obtuvimos la documentación respaldatoria que llegaba a esa conclusión y nos presentamos en la Justicia. Es valedero que el funcionario haya dado un paso al costado y que la Justicia se encargue de dictaminar el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios dentro de este conflicto”.

En referencia a otro alejamiento, el del doctor Pablo Zenón, Marcela Calegari acota: “Lo mismo aplica a Zenón que también dio un paso al costado luego de la denuncia. […] Ante estar sospechado de un ilícito de ese estilo (administrar anestesia a los pacientes) es conveniente, responsable y ético de su parte que se aparte de su cargo”.

Según Bermúdez, hay más denuncias dentro del área: “Hay varias pero de estas dos es donde se consiguieron pruebas más fehacientes. Hay otros casos que también se habían denunciado que no se pusieron en este tramo de la denuncia porque estamos tratando de hacernos de la documentación respaldatoria para ver si realmente existen los hechos y las pruebas para acompañarlos también en la Justicia. Hay varias denuncias con venta ambulante, por ejemplo, donde se otorgaron permisos de manera discrecional. Es lo que denuncian algunos vecinos, y que quedaron sin otorgar cuando había gente dentro de un listado para poder realizar esta actividad”.
El tema hizo que se elevara un proyecto de comunicación, el viernes pasado, ya que faltaba información en el expediente y los responsables de Fiscalización se habían comprometido a alcanzarla. Ante la falta de una respuesta y luego de diez días, se subió el proyecto que resultó aprobado por unanimidad.

El tema fue recreado por medios periodísticos

Renunció el subsecretario de Inspección General de Pinamar, denunciado por instalar chiringos truchos

Poco después de que recayera una denuncia relacionada al supuesto montaje de chiringos clandestinos en la localidad de Cariló, el subsecretario de Inspecciones Generales de Pinamar, Sebastián Manrique, renunció a su cargo.

Así lo confirmó el sitio Telégrafo, luego de la presentación judicial interpuesta por el bloque opositor Propin por no controlar debidamente emprendimientos ilegales sobre la playa pública durante la temporada.

La denuncia por beneficiar a amigos y familiares que habrían montado chiringos clandestinos en Cariló, no sólo abarcó la figura de Manrique, también la del titular de Fiscalización de la municipalidad, Pablo Bertouzzi.

El ahora ex funcionario se vio involucrado directamente, ya que uno de los chiringos denunciados por funcionar de manera irregular y sin el control correspondiente del área, tiene como titular a una sociedad anónima cuyo apoderado es su padre, Marcelo Manrique. El otro, pertenecería a un amigo del director de Fiscalización.
Fuente: Redacción 0223

Pinamar: renuncia funcionario vinculado a una causa de comercios clandestinos

La administración que encabeza Martín Yeza en el distrito costero de Pinamar quedó envuelto en un escándalo, luego que dos funcionarios de la gestión fueran denunciados por la oposición ante la posible comisión de delitos de acción pública. El capítulo judicial se amplió durante el último fin de semana ante la renuncia de uno de los señalados, el subsecretario de Inspecciones Generales, Sebastián Manrique, quien dio un paso al costado tras ser acusado de beneficiar a amigos y familiares en el establecimiento de emprendimientos clandestinos en Cariló.

La renuncia de Manrique fue confirmada por fuentes municipales al portal Telégrafo. La denuncia, que recayó además sobre el titular de Fiscalización de la municipalidad, Pablo Bertozzi, fue presentada por representantes del bloque opositor ProPin por no controlar debidamente emprendimientos ilegales sobre la playa pública durante la temporada.
Fuente: Letra P

Denuncias por irregularidades en la habilitación de bares de playas

Dos funcionarios de Yeza quedaron bajo la lupa días atrás. Pablo Bertozzi, director de Fiscalización, y Sebastián Manrique, subsecretario de Inspecciones, fueron denunciados penalmente por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia apunta a que ambos omitieron controlar chiringos ubicados de modo clandestino en la playa y en cercanía a dos hoteles, a cuyos propietarios se responsabiliza.

En el primer caso se trata del hotel Marcín, cuyo responsable, Matías Astrada, sería amigo de Bertozzi, quien, además, es tío de Martín Yeza.

En el otro caso, la comercialización de bebidas en cercanías del hotel Puerto Pirata, está la empresa Demiford S.A., cuyo apoderado es Marcelo Manrique, padre del subsecretario. Tras la polémica, Manrique renunció esta semana.

“Entendemos que existe la posibilidad de asociación ilícita, fraude a la administración pública y hasta falsificación de documentos privados”, dijo Daniel Bermúdez, edil de PROPIN, a La Tecla.

El secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, respondió que se labró el acta de intimación cuando se detectó el problema, explicó que el Municipio cuenta con tres inspectores para “22 kilómetros de playa”, y pidió dejar que la Justicia investigue.

Desde el inicio de la gestión, Yeza tuvo denuncias. La primera fue por “acopio irregular de arena”. También la oposición lo denunció porque él dijo que habían querido coimearlo y no hizo la correspondiente presentación judicial.
Fuente: Revista La Tecla