Desde su formación profesional como abogado y su experiencia legislativa, el concejal Lucas Ventoso describe minuciosamente cada rasgo de una situación que parece estar lejos de una solución convincente.

–¿Cuál es su mirada sobre este tema?
–Tenemos que partir de hechos de los cuales no podemos dudar, de hechos, después interpretemos los hechos. Yo creo que ése es el problema, y hoy pasa por tratar de obtener alguna ventaja política o especular con los hechos; no se dicen las cosas como son. La concesión finalizó hace años, finalizó en el 95; desde entonces hasta hoy son prórrogas. Estamos hablando de más de veinte años de prórroga. Lo daba el intendente de turno y el HCD lo convalidaba. Cada prórroga valía por tres años.

–¿Y qué pasó?
–Que la última tenencia precaria, la última prórroga, venció en abril de este año porque el concesionario había acudido a la Justicia frente a una situación de corrimiento del lugar donde él explotaba el balneario; lo habían trasladado un par de kilómetros al norte. El concesionario fue a la Justicia, no compró pliego y le dijo: “A mí no me pueden trasladar sin fundamentos”. La Justicia le dio la razón y obliga al Estado a que fundamente el traslado de la UTF [Unidad Turística Fiscal], no lo obliga a licitar con el pliego que quiere el concesionario. Todos los hechos en un Estado de derecho tienen que ser motivados, desde el policía, el concejal, el legislador de la Provincia o el Presidente, y así fue que este mismo año el actual gobierno, en el único pliego que hace, porque los otros los hicieron los anteriores gobiernos y éstos los hicieron con determinados privilegios a favor de los únicos concesionarios que hubo en la historia de Pinamar, y eso hacía imposible competir en igualdad de condiciones... Esta vez el Estado dijo: “Vamos a hacer un pliego que dé la posibilidad de competir para que sepamos realmente cuál es el valor de mercado de un balneario en Pinamar”, porque al tener privilegios tan altos es imposible la libre competencia y nadie sabe lo que vale porque, por más que ofrezca más plata, si vos eras el anterior concesionario, nunca te podía ganar, por los puntos que le daba el pliego al que era el concesionario vencido. Si ofrecía el triple en dinero, lo perdía; por eso el 90% de las concesiones de playa quedaron en manos de los mismos explotadores y el resto no se presentó, quedó vacante, y hubo doble oferta simulada. En CR y Cocodrilo yo creo que fueron simuladas. Me hago cargo de lo que digo.

–¿En qué se basa?
–Creo que no hubo una competencia real. Alguien mandó a comprar dos pliegos pero de la misma persona, con lo cual todos los pliegos, excepto los vacantes, fueron adquiridos por los mismos que los explotaban. El actual gobierno dijo: “Se acabó esto”, y estableció competencia en pie de igualdad para saber cuánto vale un balneario. Entonces, tenemos cuarenta balnearios con un pliego fraudulento y un solo pliego, que es éste, para que haya igualdad de condiciones, y la igualdad no es total porque le da la posibilidad de igualar la mejor oferta al que tenía la concesión, con lo cual le da un privilegio. Lo que pasa es que los muchachos quieren todo, la chancha, los lechones y la máquina de hacer chorizos. Frente a este planteo que parece elemental, me pregunto ¿Cómo alguien desde el estado que tiene que procurar ingresos para los fondos públicos para volcarlos a la sociedad va a pensar algo distinto, va a priorizar el interés de lo privado? Propin quiere que se licite con los mismos privilegios de las anteriores cuarenta, y el kirchnerismo, como ve un conflicto, trata de que eso le dé un rédito político y perjudique al gobierno. Entonces, dice que se pone del lado de los trabajadores. Todos estamos del lado de los trabajadores, como principio. Lo que no aclara el kirchnerismo es que estos trabajadores eran empleados de una concesión balnearia que finalizó y ¿qué pretende Estanga? ¿Qué el Estado se haga cargo de los particulares, de los empleados de un concesionario? No parece tan descabellado si recordamos que Estanga había dicho que él iba a combatir el desempleo nombrando empleados públicos y eso lo dijo delante de mí o y de varios concejales… Ésa es la situación que tiene Pinamar con ese balneario. Esto nos muestra una falencia, que es que el Estado recupere lo que le es propio, su patrimonio.

–¿Esto qué le hace pensar?
–En lo difícil que sería cuando vencía la concesión de todos los balnearios juntos. Ante esta situación, el concesionario mandó de escudo humano a los propios trabajadores. Por supuesto, uno entiende la situación de una persona que puede quedarse sin trabajo de una concesión pública, pero eso no significa que yo, como funcionario, deba decirle a la persona que el Estado se va a hacer cargo de su trabajo. Si no, que alguien me explique cómo defiende los intereses del Estado siendo funcionario público. Porque cuando el particular ganaba el dinero hacía con él lo que quería, porque era suyo y legítimamente ganado, pero cuando se termina la concesión hay que hacerse cargo de las consecuencias económicas que correspondan. Que no vengan con un chantaje y me pongan a quienes más necesitan como un escudo humano, queriendo hacer responsables a los funcionarios que queremos hacer cumplir la ley. Porque la contrapropuesta de Propin o del kirchnerismo ¿cuál sería? Que la concesión vencida siga funcionando y que cuando se le pide un seguro de caución, para el caso que el concesionario no cumpla, porque hoy está usurpando el balneario, no la pague y siga de okupa y que después te condicione también la sanción de empleo, porque una de las cuestiones es que quiere el pliego a su medida porque, si no, no firma un acuerdo.