A más de un mes de la exposición de los funcionarios en el Concejo Deliberante en el marco de las irregularidades en el programa de las tarjetas Alimentar, desde la oposición aseguraron que todavía no recibieron la información sobre el procedimiento de control que lleva adelante la municipalidad.

“La información fue solicitada hace un mes y, ante la no respuesta, se agotó la instancia con los mecanismos formales que tiene un proyecto de comunicación, y avanzamos con un proyecto de resolución para pedir la remoción de los funcionarios responsables –Javier Tumas y Nora Ponce-”, expresó el concejal de Unidad Ciudadana, Carlos Conti.

El edil de la oposición afirmó que todavía no cuentan con la documentación respaldatoria del proceso que realizó la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de las irregularidades del programa nacional de las Tarjetas alimentar. “Avanzamos con un proyecto para llevar transparencia al proceso de investigación. El HCD exige sobre las responsabilidades administrativas de los funcionarios”, manifestó.

“Consideramos que, si esos dos funcionarios hoy no se encontrarían en funciones en el Ejecutivo, tendríamos toda la documentación e información respiratoria”, agregó el concejal.

El viernes pasado se llevó adelante la votación del proyecto de resolución presentado por la oposición en el Concejo Deliberante. Conti relató que “nos encontramos un oficialismo que tiene la misma postura que tuvo al momento de votar la interpelación de Martin Yeza y sus funcionarios, que es salir a proteger y resguardar la imagen del secretario de Desarrollo Social y de la directora”.

“La defensa de los concejales oficialistas se basa en dos pilares. Por un lado, ellos argumentan que la primera y única denuncia que tiene esta causa es de la directora y, según ellos, esto la libera de toda culpa. Y, en segundo lugar, se resguardan detrás de la casusa penal. Como la justicia está investigando, hoy el HCD no debería profundizar en las responsabilidades administrativas”, expresó el edil.

En ese sentido, aclaró que desde la oposición observaron que en todo el proceso, “la cuestión de responsabilidad administrativa” de los funcionarios “es importante”, y evidencia que el secretario “no controló esta situación” en ninguna de sus instancias.

“La situación de la directora es más compleja. Los dichos a este recinto hace referencia a que nunca se inició un expediente de sumario, expresó que ese día que realizó la denuncia reunió a todo su equipo de trabajo y le comentó de la situación y el estado de las tarjetas”, reveló.

“Tenía la responsabilidad de custodiar las tarjeras. Hasta el 17 de octubre las tenías ella permanentemente. Luego, las tarjetas quedaron en las oficinas de Desarrollo Social, y la única llave la tenía Andrea Ríos –una de las imputadas por el delito-. Hay una decisión política que no estuvo acompañada de cuidar permanentemente de las tarjetas”, cuestionó.