A más de dos meses de los allanamientos en la Secretaría de Desarrollo Social que terminaron con la detención de seis personas a causa de una estafa en el operativo de las tarjetas Alimentar, un sector de la clase política de Pinamar todavía le exige al intendente Martín Yeza que tome “cartas en el asunto” ante la “falta de control” de sus funcionarios.

Hace semanas, la causa pasó al ámbito federal para profundizar la investigación sobre las responsabilidades de las seis personas -dos de ellas empleadas municipales- acusadas de “Defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”. El 18 de marzo habían sido detenidas por el desvío de más de 2 millones de pesos de tarjetas Alimentar a sus cuentas personales.

Al momento, 5 de los 6 imputados permanecen bajo prisión preventiva mientras se avanza con la investigación judicial. A Cecilia Pecarrere, una de las empleadas municipales que había obtenido la libertad en los primeros días de abril, le dictaron la “falta de mérito” en la maniobra fraudulenta.

En el ámbito estatal, los dos funcionarios apuntados como responsables por “la falta de control” en el operativo de entrega de las tarjetas, Javier Tumas -secretario de Desarrollo Social- y Nora Ponce –directora del área-, continúan en sus funciones.

“Pedíamos respuestas de los responsables administrativos, más allá de que la justicia siga con el tema legal, porque sí había una responsabilidad de los funcionarios”, dijo a Pionero la concejal de Propin, Gabriela Ferretti.

La legisladora recordó que solicitaron “que se aparte del cargo a los funcionarios durante el proceso y no lo hemos conseguido”. “En reiteradas oportunidades se llevó el debate al seno del Concejo Deliberante y no se logró avanzar porque el oficialismo nunca acompañó los distintos pedidos que hicimos”, agregó.

Tras los allanamientos, tanto Ponce como Tumas brindaron sus versiones en el Concejo Deliberante pero sus declaraciones no conformaron a los ediles de la oposición, y pidieron una interpelación al Intendente para profundizar en los detalles del accionar de los funcionarios. La interpelación fue frenada en el reciento por concejales oficialistas, quienes votaron por la negativa.

“Muchas cosas no estaban claras. Ellos mismo se desdecían de lo que había sucedido sobre este tema tan grave. Hubo falta de control en el operativo. Se le pide al intendente que tome cartas en el asunto y no lo hace. Él se tiene que hacer responsable de sus funcionarios”, aseveró Ferretti.

“Había una responsabilidad muy grande: el Estado Nacional había confiado en el intendente y sus funcionarios. El intendente tendría que haber tomado cartas en el asunto”, manifestó.