Tarjetas Alimentar: aquí funcionaba el comercio fantasma donde vaciaban el dinero

Tres de las seis personas detenidas por la estafa de las Tarjetas Alimentar figuran con domicilio en este edificio. Hay dos agentes municipales, y en la causa habría un nuevo empleado municipal implicado.

A través de posnets que pertenecían a comercios fantasmas, los detenidos en los allanamientos que se llevaron adelante el último jueves en la Secretaría de Desarrollo Social -por la causa que investiga presunta estafa en el manejo de las Tarjetas Alimentar- retiraron más de dos millones de pesos en sólo nueve días.

En la causa judicial se revela que utilizaron dos terminales de posnet para simular compras y vaciar el saldo de las tarjetas que no fueron entregadas a los beneficiarios. Una de esas terminales figura en Pinamar (la otra, en Vicente López) en el edificio que está ubicado sobre Constitución, entre avenida Shaw y Marco Polo. Allí viven tres de las seis personas aprehendidas el último jueves.

Se trata de Fabián Rosas, quien habría pertenecido a la policía bonaerense y Andrea Ríos, una de las agentes municipales que tenía acceso a las tarjetas –en aquel momento estaban bajo resguardo de la Dirección General de Gestión y Coordinación Territorial, de la que Ríos formaba parte- y su esposo José “Pepe” Fons.

Además, la causa involucra a otras tres personas: Diego Borea, quien tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Nicolás Ambao, quien está domiciliado en el partido de Vicente López; y Cecilia Pecarrere, la otra empleada municipal que tenía vínculo con las tarjetas. Según trascendió en las últimas horas, también estaría implicado Juanjo Dos Santos, empleado municipal y pareja de Nora Ponce, la funcionaria responsable del operativo de tarjetas en Pinamar.

Según fuentes judiciales, la investigación inició en noviembre del año pasado a raíz de una denuncia anónima –Nora Ponce asegura que también realizó una denuncia por el mismo caso-. Allí se detallaba que había irregularidades en el manejo en el programa nacional de la Tarjeta Alimentar.

La fiscalía que interviene en el caso decidió realizar un relevamiento de datos junto a las distintas entidades intervinientes. Así se determinó que las tarjetas sobrantes –según el municipio no se entregó a los beneficiarios por la pandemia- eran devueltas mes a mes al Banco Provincia (la entidad que estaba autorizada para la emisión del plástico), pero se descubrió que, en determinado momento, el fondo de algunas de esas tarjetas había sido gastado.

De esta manera se concluyó que a través de dos terminales fantasmas habrían simulado compras con las tarjetas y habrían desviado a sus cuentas personales una suma total de $2.092.000, entre el 1 y el 9 de noviembre.

Los coletazos de este caso alcanzó también al secretario de Desarrollo Social, Javier Tumas, y el propio intendente Martín Yeza. Sin embargo, hasta el momento no se comunicó ninguna renuncia.