El intendente de Pinamar deberá presentarse ante la justicia el próximo 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones.
El juez federal de Dolores Martín Bava convocó nuevamente al intendente Martín Yeza para el próximo 11 de noviembre para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga un fraude millonario cometido con Tarjetas Alimentar.
El intendente de Pinamar había planteando la recusación contra el magistrado, y debido a esto, Bava fijó fecha para el 4 de noviembre el acto procesal de indagatoria, pero ahora se pasó para una semana más tarde.
El cambio provocó la bronca de Yeza ya que la nueva fecha será tres días antes de las elecciones. “Es algo que es ilegal. Todavía no está resuelta la recusación ni la incompetencia y sin embargo ya fijó nueva fecha”, aseguró el intendente en diálogo con un medio local.
El funcionario será indagado en la causa en la que se investiga el fraude de 2 millones de pesos que fueron desviados del plan de las tarjetas alimentar, tras sustraer los plásticos de la oficina de Desarrollo Social.
Hasta ahora, el caso había apuntado contra quienes robaron las tarjetas, la secretaria de una funcionaria, y los que aparecían cobrados los beneficios. Sin embargo el juez Bava impulsa una segunda parte de esa investigación por la presunta malversación de fondos del Estado.
“Hay una animosidad política muy clara para conmigo y con Mauricio Macri. No es casualidad. Estamos a disposición, pero es un juez que perdió la imparcialidad por cómo actúa. Solo quiere generar títulos para los medios. Y como desde la política ya no le pueden ofrecer nada a la sociedad, tienen que ir a ensuciar al que piensa diferente”, criticó el alcalde de Pinamar.
Yeza enfrenta un panorama complicado en lo judicial pero de claro impacto político. Sucede que semanas atrás ya fueron procesados y embargados su secretario de Desarrollo Social y Deportes, Javier Tumas, y la exdirectora de Gestión y Control Territorial, Nora Ponce.
Ambos están acusados por acción o severa negligencia, imprudencia u omisión consiente de participar de una asociación ilícita. El magistrado había señalado en su resolución que se investiga una organización de personas que, de modo coordinado, permanente, con roles y funciones diferenciadas, se dedicó a cometer delitos, particularmente en perjuicio de la Administración Pública Nacional y de personas vulnerables beneficiarias de fondos públicos asistenciales que el Estado Nacional destinaba para comprar alimentos.