La concejal Marcela Uhrig analiza la situación, fija la posición de su bloque y se solidariza con la gente de menores recursos, los principales perjudicados por la inflación y el aumento del costo de los servicios.

–El incremento de las tasas parece llegar en un momento muy particular. ¿Cómo lo ven ustedes?
–Todo se da en un marco de aumentos y proyecciones que fueron a fines de año o a principios de éste, cuando se presentó un presupuesto con una proyección de un aumento de un 10 a un 15%, pensando en la inflación para 2018; eso, a lo largo de los meses, se fue demostrando que fue mayor hasta hoy, a principios de septiembre, que se está hablando que va a ser de un orden del 40% a un 50% la proyección de la inflación en este año. Eso hace muy difícil que se pueda delinear un presupuesto que haga funcionar un municipio, porque necesita insumos…

–Y porque hace desactualizar cualquier paritaria.
–Hubo un acuerdo paritario en el mes de mayo, con los trabajadores municipales, donde se instrumentó la cláusula gatillo. Esto implica que más allá de un porcentaje que se aseguró de aumento hay también un porcentaje que se va a ir acomodando con la inflación, que no sabemos de cuánto va a ser. El Departamento Ejecutivo nos fue presentando la información de cómo se fue ejecutando el presupuesto hasta la mitad del año, hasta los primeros días de agosto cómo se fue gastando tratando de ser austeros… Sin embargo lo que pide es una actualización del módulo a 12 pesos cuando está en 9 y pico; se trata de incremento que va a impactar en la factura. Se está analizando. Tenemos primero que aprobar ese presupuesto que se fue ejecutando hasta agosto y después resolver el aumento del módulo… que sabemos que también es difícil de pagarlo porque hay mucha gente que está dejando de hacerlo. Entre las facturas de luz y gas, que son servicios esenciales, también aparecen los otros aumentos. Un comerciante que quiera abrir un local que tiene que pagar habilitación y todo lo que le corresponde y que además no tiene aseguradas buenas ventas porque el consumo interno también se ha reducido.

–¿Ustedes tienen una percepción acerca de si hay un mayor cierre de locales ante la recesión?
–Nosotros pedimos al Ejecutivo un informe sobre la cantidad de habilitaciones en lo que va del año. La doctora Claudia Cacetti, que es quien está a cargo, nos hizo un informe diciendo que no se ha observado el cierre de comercios porque hay una situación estacional; puede estar el negocio cerrado pero no se da la baja de la habilitación. Vamos a ver qué pasa en el inicio de una nueva temporada, qué grado de optimismo se observa. Tengamos en cuenta que acá nos manejamos con pesos y que a quienes antes elegían Punta del Este o Brasil, a lo mejor este año les convenga venir a las ciudades balnearias argentinas. Por el lado del sector inmobiliario nos dicen que hay muchas consultas sobre los alquileres, aunque con mucha cautela. Me parece que todos los argentinos estamos esperando a ver qué pasa. La corrida cambiaria me parece que [hace que] muchos tengan que tomar una decisión de último momento esperando a ver cómo se desarrolla todo en los próximos meses.

–¿Con respecto a las tasas, cuál es la posición del bloque?
–Nosotros entendemos la situación del vecino. Queremos que el Municipio siga funcionando, que sea lo más austero posible, que los gastos que se puedan reducir se reduzcan, que haya ciertas áreas que funcionen como tienen que hacerlo, sobre todo Salud, Seguridad y Servicios Urbanos. Si estamos en una situación comprometida, el Municipio va a tener que reducir los gastos.

–Pero el gobierno ha admitido que ha restringido gastos y que apuesta a economizar recursos…
–Según lo plantean el secretario de Gobierno y el jefe de Gabinete, hubo reducciones en un intento de gastar menos. Por otro lado, lo que vimos durante todo el año es una gran cantidad de dinero que vino a través de la Provincia y, sobre todo, de la Nación para obra pública. Lo que tememos es que eso se corte para el año que viene. Está la planta depuradora de por medio, que fue anunciada como una obra de singular importancia para nuestra comunidad porque es necesaria y no sabemos si se va a poder realizar. Las obras que están en marcha necesitan ser terminadas. Tememos que haya una reducción de fondos y no se puedan concluir. Eso nos preocupa mucho; sobre todo las de Víctor Hugo y las de Espora. Estamos contentos con que haya obra pública y se mejoren los lugares pero hay temas en que cuestionamos cómo se llevaron a cabo las obras. En algunos casos las empresas no trabajan con gente de acá si no que recurren a trabajadores de otro lugar. Hay quejas por la falta de participación ciudadana, lo que da como resultado que a veces se impacte mal en la dinámica de las localidades. Un ejemplo es la rotonda de Valeria y su mástil, que son íconos de la ciudad. La gente se movilizó y se logró la interrupción de la demolición de la rotonda, y ahora se está analizando el replanteo de la modificación.

Montemar

–Otro tema que no es menos inquietante es el del costo del pasaje del transporte público. ¿Cuál es su visión?
–Nuestra realidad está encuadrada dentro de la realidad nacional. En abril Montemar se acercó al Departamento Ejecutivo presentándole la necesidad de un aumento de la tarifa, después de que se cerró la paritaria con la UTA, previendo que en septiembre iba a darse un aumento de sueldos pactado con el gremio. Ese expediente con el pedido de actualización de tarifa quedó en el Departamento Ejecutivo durante varios meses sin tratarse y llega recién a fines de julio al Concejo. La Comisión de Presupuesto lo trata, trabaja con la gente de Montemar, nos traen la documentación, donde se refleja toda la problemática que está viviendo la empresa, que es comprensible lo que allí manifiesta, donde se visualiza la reducción de los subsidios por parte de la Nación, el tema del aumento de sueldos pactado, el aumento del combustible y una serie de cuestiones que mostraban que estaban trabajando con lo justo y que si no se daba el aumento iban a comenzar en los próximos días con este tipo de problemas, que son los que estamos viendo hoy en la reducción del servicio.

–¿Cuál es la mecánica para lograr una modificación tarifaria?
–Habría que aclarar que la empresa local, para poder hacer el aumento, tiene que pasar por la autorización del Concejo Deliberante; y para hacer eso por una ordenanza, previo a eso tiene que hacer una audiencia pública. Todo lleva su tiempo. Se convocó a la Comisión de Audiencias Públicas, se instrumentó una programada para ayer, jueves, pero lo que se está planteando ahora es que estamos en problemas por la reducción de la frecuencia. Además, la situación hace que, obviamente, se esté en contra del aumento de la tarifa.

–¿Durante la negociación con la empresa se han barajado otras salidas?
–Se trabajaron un montón de variables, desde que el aumento sea lo menos posible; el porcentaje menor en la tarjeta local, el que tiene la categoría de residente, que sirve solo para el Partido de Pinamar, pensado para el que tiene su domicilio acá y tiene que usar el transporte todos los días, y que el porcentaje sea un poco más alto en la tarifa de no residente, también llamada tarifa turista. La empresa hizo varios cuadros tarifarios con diferentes propuestas; en algunos casos iba a aumentar más en algunas secciones y menos en otras. Hay buena voluntad pero la situación hace que la empresa, al día de hoy, no pueda seguir esperando y seguir manejándose con la tarifa actual; necesita el aumento. Por otro lado, la situación económica, la falta de trabajo, el aumento de otro tipo de tarifas de las que somos cautivos, luz, gas, agua pero por sobre todo gas… En nuestro partido eso no pasa por el Concejo; la tarifa viene desde el nivel nacional. Entonces, por consiguiente, el público es cautivo, tiene que pagar la tarifa que venga. Más allá de los fallos judiciales que hubo, donde algún juez dictamina que no se pueden hacer cortes, éstos se siguen haciendo. Hay gente que recibe avisos de corte y le quitan el medidor. Es una situación muy complicada, que se suma a la inflación, al aumento de los alimentos. Ahora la empresa está diciendo que no puede seguir operando con la tarifa que tiene y va a presentar toda la documentación que avale el pedido de aumento.

–Un tema acuciante que requiere de una solución rápida. ¿Cómo sigue el proceso?
–La semana que viene se hará una sesión donde se otorgue un porcentaje que posibilite que la empresa pueda seguir trabajando. Nosotros entendemos tanto al usuario como a la empresa. No queremos que Pinamar se quede sin servicio pero tampoco podemos aprobar una tarifa demasiado alta, que haga imposible que la gente siga tomando el micro. Estas situaciones dan lugar a la aparición de nuevas estrategias. La gente tiene que seguir trabajando y apela a la bicicleta o a caminar, pero no todos lo pueden hacer. También hay cierto descontento porque toman el coche que va de Madariaga a Gesell en un trayecto dentro del partido y ese servicio ya tiene aumento porque depende de la Provincia. De ahí la confusión cuando se habla de aumento, ya que no tiene nada que ver con este servicio. Hay que pensar que bajo estas condiciones es muy difícil proyectar para una empresa.