En el marco del escándalo que se desató en Pinamar con la estafa de las tarjetas Alimentar, el Concejo Deliberante convocó este lunes al secretario de Desarrollo Social, Javier Tumas, y a su subsecretaria Carolina Llamazares, para exigir explicaciones sobre el caso.

La convocatoria fue realizada tras una solicitud de los distintos bloques de la oposición, y fue tratada este mediodía en la comisión de Seguridad.

Allí, los funcionarios aseguraron que el 14 de diciembre fueron notificados sobre irregularidades en el manejo del operativo de las tarjetas por autoridades federales. “Hasta ese momento no habíamos recibido ningún reporte sobre la irregularidad”, acotó Llamazares.

Por su lado, Tumas reiteró que el operativo de distribución quedó a cargo del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la dirección de Gestión y Coordinación Territorial (dependiente de la secretaría de Desarrollo Social) por una disposición del Banco Provincia, la entidad que originalmente iba a entregar los plásticos.

El secretario aceptó que no había un control sobre la dirección que estaba a cargo del operativo, porque tenía “plena confianza” en el trabajo de Ponce, ya que no se habían detectado irregularidades ni inconveniente alguno.

Tras las preguntas de los concejales, los funcionarios precisaron que la propia directora realizó la denuncia, a raíz de la advertencia de la propietaria de una tarjeta que no tenía su saldo correspondiente. A partir de allí, detectaron comportamientos irregulares en la entrega de varias tarjetas, lo que finalmente desembocó en la investigación judicial.

En ese sentido, tanto Tumas como Llamazares reiteraron que todas las responsabilidades sobre la entrega, distribución y el resguardo de las tarjetas Alimentar eran de Ponce, mientras aceptaron que desde la Secretaría no hubo control porque la directora “fue desempeñando su trabajo con honestidad y no teníamos por qué desconfiar”.

Días atrás, el propio Tumas había manifestado en medios locales que nunca se llevó bien con su directora, y que decidió apartarla de su cargo el 28 de febrero porque nunca hubo explicaciones sobre la denuncia. “Nunca lo supimos, es un silencio que hubo siempre”, dijo.