El Senado de la Nación convirtió esta madrugada en ley el proyecto de ampliación del régimen de zona fría. Pinamar y la región accederá a una reducción en la tarifa de gas entre un 30% y un 50%.

El debate en el recinto se extendió por más de seis horas y obtuvo el respaldo del oficialista Frente de Todos y de un sector del opositor interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido. El proyecto, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra.

La iniciativa, que modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021, beneficiará a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Según el área de OMIC, en Pinamar se estiman que se beneficiarán 30 mil usuarios, de los que al menos 20 mil permanecen activos durante todo el año.

La ley reduce en alrededor del 50% las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales de las zonas comprendidas, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La iniciativa también prorroga por 10 años la vigencia del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidas en este beneficio.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos) y consensuado con otros bloques y cuenta con el aval del Enargas, que será la autoridad de aplicación que defina los consumidores que podrán acceder al beneficio de acuerdo a su necesidad.

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