Una de las víctimas de la estafa contó que avisó desde el primer momento, pero nunca obtuvo respuesta de la dirección de Desarrollo Social y cuando recuperó su tarjeta por mérito propio, su cuenta estaba vacía.
Durante la manifestación que se llevó adelante el lunes pasado en repudio al escándalo por la estafa de las tarjetas Alimentar, nuevas familias se sumaron a la lista de personas que advirtieron irregularidades en el programa nacional. En algunos casos afirmaron que se habían notificado mucho antes de que Nora Ponce realizara la denuncia.
Ivana Mordillo es artesana y madre de cuatro hijos, y en el momento de la entrega de las tarjetas Alimentar se encontraba en Misiones. Afirma que avisó sobre sus dificultades para retirar su plástico en abril -cuando inició la entrega en Pinamar-, pero nunca obtuvo solución de la dirección de Desarrollo Social que estaba a cargo del operativo.
“Con Nora Ponce hablé por primera vez el 23 de abril. Yo quería saber qué pasaba con esa tarjeta, si se devolvía o si alguien la podía retirar en forma física para que me la entregue a mí. Quería avisar que yo era la dueña de esa tarjeta y que estaba varada -por la cuarentena- en Misiones”, relató.
Ivana reafirma su versión con los chats que mantuvo durante todo el año con la funcionaria responsable de la entrega de las tarjetas. Allí consulta sobre qué alternativas tenía para recuperar la suya, pero nunca obtuvo una solución. “Nunca en ningún momento se comunicó conmigo para informarme de la situación”, aseveró.
“Llamé a todos lados. Hablé también con el gerente del Banco Provincia y no obtuve novedades, y así pasó todo el año”, sostuvo.
El domingo 15 de noviembre del año pasado –una vez habilitado el turismo para residentes- Ivana llegó a Pinamar. Dos días después, se dirigió al Banco para exigir su tarjeta, pero desde la entidad le informaron que allí no estaba. A esta altura, según la versión del municipio, la funcionaria ya había realizado la denuncia por irregularidades en el manejo del programa.
“Entonces decido ir a Acción Social, me atendió la secretaria Andrea Ríos, quien me dirigió a Nora Ponce. Ella sacó una caja con todos los sobres cerrados, y me dijo que probablemente había sido devuelta a Buenos Aires. Me dijo ‘yo viajo a Buenos Aires, dejame ver si la encuentro’. Le dejé mi contacto y conmigo nunca se comunicó”, contó.
Sin respuestas, Ivana inició su propia investigación para recuperar su plástico. Se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, pero le contestaron que debía pedírsela al Banco responsable. Al final, llegó a la conclusión de que la única manera de recupérala era denunciar que había sido extraviada. La original no apareció.
“El 1 de diciembre emiten el plástico nuevo. Le mandé un mensaje a Nora contándole que ya conseguí mi plástico y me respondió que siempre está a mi disposición, que cuente con ella para lo que necesite”, relató. En aquel momento, el municipio ya había recibido el informe de la funcionaria, y estaba notificado sobre la denuncia y las irregularidades. Sin embargo, a Ivana nunca se lo informaron.
“El 14 de diciembre habilité la tarjeta, y tenía saldo cero. En esa misma semana me depositaron lo correspondiente a diciembre, y desde el Banco me pasaron un link donde me mostraban un consumo del 23 de noviembre por 4 mil pesos. Me sonaba raro porque a ese consumo no lo hice”, señaló.
Ivana pudo observar a través de su aplicación Mi Argentina los depósitos que le hacía Nación mes a mes. Entonces llamó nuevamente al Banco, accedió al historial de su consumo, y así descubrió que el 6 de noviembre habían sustraído 50 mil pesos de su cuenta. “Hice la denuncia en el Banco, me dijeron que había que esperar y hasta el día de hoy no tuve respuesta”, agregó.
“El 14 de diciembre Nora sabía que me sacaron 54 mil pesos. Me hizo volver a la Dirección, anotó todo en una hoja, y recién el 23 me dice que mi caso no era el único y que ya había elevado la denuncia”, finalizó.
Dos meses después, La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Dolores allanó la sede de la Secretaría de Desarrollo Social. Detuvo a seis personas –dos de ellas, empleadas municipales-. Se los acusa de desviar a sus cuentas personales una suma a los dos millones de pesos, que estaba destinada a la alimentación de al menos 55 familias necesitadas.
Foto: Regina Salgado, fotógrafa, camarógrafa y productora audiovisual de Identidad Feminista