Vecinos denunciaron riesgo ambiental y la justicia les dio la razón. Se trata del emprendimiento de más de cien departamentos edificados en el límite con Pinamar.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Dolores ordenó en las últimas horas detener las obras del desarrollo inmobiliario que tenía por objetivo la construcción de un complejo de 116 departamentos con salida directa a la playa en barrio Privado Costa Esmeralda en el Partido de la Costa.
El juez Antonio Marcelino Escobar ordenó a los desarrolladores que “se abstengan de iniciar o continuar” la ejecución de cualquier tipo de obra relacionada al emprendimiento. Esta medida cautelar prohíbe los movimientos de arena, tala de árboles, construcción e intervención que afecte la cadena de médanos ubicada en la zona sur del barrio, como así “cualquier tipo de obra referente al masterplan original”.
El proyecto involucra cien hectáreas del territorio Costa Esmeralda (lindante con Monte Carlo, partido de Pinamar), desde de la ruta 11 hasta la primera línea de mar con locales comerciales, unidades de servicios de hotelería y gastronomía, e incluye complejos de departamentos de hasta cuatro pisos de altura.
Se trata de una inversión millonaria compartida por Fiduciaria de la Costa S.A., Eidico S.A. y Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda, cuya obra inmobiliaria fue catalogada como uno de los de mayor expansión en obras privadas dentro de la costa atlántica bonaerense durante los últimos tiempos.
Sin embargo, el emprendimiento causó una fuerte oposición de vecinos de Costa Esmeralda. De hecho, la concejal Evangelina Cordone (JxC) -con representación legal del abogado Rodrigo Bonzo-, presentó una demanda en la que solicitaba una “medida cautelar” que detenga acciones en marcha o previstas para ese desarrollo inmobiliario.
Durante las últimas dos semanas se iniciaron manifestaciones públicas frente al acceso al barrio privado para rechazar cualquier avance de construcción prevista en el proyecto, y en busca de respuestas de la justicia.
Finalmente, el juez Escobar firmó un “amparo ambiental” en la que exige que la administración municipal de Villa Gesell, desde su rol de policía en la materia, haga cumplir esta disposición que obliga a paralizar obras que están en marcha, con primeros movimientos de suelo.
Pese a las resoluciones judiciales, desde la firma aseguraron que aún no fueron notificados formalmente de la medida cautelar y garantizan que, una vez informados, evaluarán los pasos a seguir “siempre estando a disposición de la Justicia y presentando toda la documentación que sea solicitada”.
Foto: Infobae