El concejal Javier Pizzolito, como todo pinamarense sabe, ha participado siempre en competencias de motociclismo y su nombre ha trascendido por el destacado papel que ha desempeñado en las distintas pruebas en las que le tocó intervenir. Según sus propias palabras conoce esta práctica deportiva desde muy chico, allá por 1985 u 86. También entiende que con el auge de esta actividad, donde se incluyen cuatriciclos y UTV, se ha producido un desborde y un crecimiento de situaciones problemáticas que no ha tenido el mismo acompañamiento por parte del Estado.

–¿Hay una tendencia a la transgresión en quien conduce una moto o un cuatriciclo?
–Hay un poco de todo. Creo que es fácil de estereotipar el usuario civilizado de estos aparatos porque tiene un costado realmente familiar, aventurero, de sana costumbre de interacción con el resto de la comunidad, entre los que humildemente me encuentro yo, que puedo estar en una pista andando a fondo y, después, puedo salir con mi hijo de 6 años con su casco en una moto patentada porque le encanta andar, andamos juntos como Dios manda, y después salir a despuntar el vicio, que a mí me gusta y lo hago, adentro de una pista con las medidas de seguridad, como corresponde. Esto ojalá fuera así en todos los casos. Creo que hay mucha gente que lo hace en la calle con esas ansias de acelerar y mostrarse porque justamente pertenece a un nicho que genera pertenencia, o por lo menos así lo consideran algunos que pretenden llegar serlo pero que hoy, cada vez más, se los ve como inadaptados.

–¿Desde cuándo entendés que se plantea esta situación?
–Es un problema que existe desde hace muchísimo tiempo y pasaba todos los días en toda la costa, y cada vez va siendo menos pero la lucha es cultural, absolutamente cultural. El video que se difundió…, si mirás los comentarios, son absolutamente condenatorios y ridiculizándolos, y ése es un primer paso de varios que hay que transitar para que esto, como tantas otras áreas, se empiece a regularizar.

–¿Qué medida se tendría que implementar?
–La cantidad de usuarios es muchísima. Obviamente, siempre están en desproporción con los operativos de fiscalización, inclusive con efectivos del Operativo Sol, que este año interactuó. Lo que se ve ahí, en la imagen televisiva, es como casi se ridiculizada la presencia policial. Está claro que uno desde la fibra intima quiere que el policía actúe, lo persiga, lo detenga y lo espose y tenga los cargos que corresponda por la denuncia que incluso se hizo penal por parte de la Municipalidad. Pero, cuando uno dice que esos son terrenos privados, a lo que está haciendo referencia es que uno no puede como política de Estado plantear un operativo de seguridad, sí, obviamente ante una acción como esa que son picadas ilegales que son organizadas de manera paralela, sin ningún tipo de seguridad, tiene que intervenir ante una denuncia o si toma vista del caso, pero está claro que cuando vos tenés cinco, seis o diez tipos agitando a dos o tres móviles policiales con cuatro efectivos arriba si reaccionan puede ser aun peor. Lo que sí creo que lo que es parte de la solución, a la que por ahí no se quiere llegar, es intimar a los frentistas de los campos a que delimiten, que impidan efectivamente el paso de los cuatriciclos. De esa manera toda esa cantidad de cuatriciclos queda supeditada a la zona segura, donde afortunadamente los casos de mal comportamiento cada vez son menos y lo que termina pasando es que la actividad se elimina, detrás del ordenamiento de esta actividad y porque no se prohibió están también muchas reuniones con distintos sectores de la comunidad que la apoyan, comerciantes, hoteleros, algunos gastronómicos, parte misma de la ciudadanía que disfruta de estos vehículos, turistas.

–¿No habría que destinar un espacio para el trazado de un circuito?
–En Pinamar, la mayor cantidad de terrenos en donde podría centralizarse la actividad deportiva está en manos de privados. La Municipalidad de Pinamar no tiene terrenos al igual que Gesell, como lo hace en el predio del Enduro del Verano: eso es municipal, y ellos dispusieron ese predio para que la actividad se lleve a cabo ahí. Nosotros no tenemos esa posibilidad, sencillamente porque no tenemos los terrenos. Entonces, es articular el Estado con los privados, que es en lo que estamos hace más de un año. Pero no sólo es que el Estado proponga, porque vaya a saber para qué los tiene el privado y, en todo caso, la decisión de cuál es el futuro de las tierras la tiene el dueño. […] El paso que sigue, y en esto he tenido algún intercambio con el intendente, es articular con los privados para que delimiten los frentes de campo contra la playa y los accesos por ruta, y se elimina la posibilidad de que transiten o bien o ver de qué manera se organizan zonas seguras para andar con las medidas de seguridad que corresponden. Nosotros, con los recursos, que siempre son escasos frente a estas problemáticas porque un buen fin de semana de enero puede haber 3000 vehículos circulando en esa zona, lo que intentamos hacer, en orden de prioridades, es tomar el control del espacio público. En la zona de playa que hemos delimitado como segura ha tenido éxito el operativo; algún que otro caso aislado hay, pero siempre con una estadística que baja cada año.

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